Alfonso López Michelsen

Transcripción:

Discurso pronunciado por el doctor Alfonso López Michelsen, al tomar posesión de la Presidencia de la República de Colombia, ante el Congreso Nacional, el 7 de agosto de 1974.

Señor doctor Julio Cesar Turbay Ayala, Presidente del Congreso de Colombia, señora de Turbay Ayala, Excelentísimo señores ex Presidentes, Eminentísimo señor Cardenal Aníbal Muñoz Duque, Excelentísimos señores jefes y miembros de las misiones especialmente acreditas para la transmisión del mando, señores miembros del Congreso Nacional, señores Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Tribunal Disciplinario, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, señores invitados especiales, señoras y señores:

Lo sencillo de esta ceremonia en nada desdice de su significado. El juramento que acabo de prestar, como Presidente de Colombia constituye honor y compromiso que gravitará sobre mis hombros durante el mandato que se me confiere por el resto de mis días.

No vengo señor Presidente y señores miembros del Congreso, hasta el más alto cargo de la Nación, por haber escalado rigurosamente los peldaños de la vida pública. Paradojalmente vengo representando por voluntad propia, una tradición de inconformidad con lo existente, que hoy me convierte en personero de todo el conglomerado colombiano, que confía en que podré dar evasión a viejas aspiraciones represadas.

Me explico de este modo el que, habiendo sido tradicionalmente esta ceremonia de transmisión de poderes ocasión de cita y de diálogo entre el Presidente entrante y el vocero del partido contrario, para alinderar sus respectivos territorios, no le haya correspondido en esta ocasión a un representante del partido conservador recibirme el juramento de rigor. Se cumple en este caso el acto con la presencia de mi compañero de campaña presidencial y antiguo adversario, quien, como Presidente del Congreso y jefe natural de su partido me proporciona la oportunidad de formular unas brevas apreciaciones. Sobrado títulos tiene el señor Presidente del Congreso, doctor Julio Cesar Turbay Ayala, como adalid de la recuperación democrática, desde la caída de la dictadura hasta la conformación del actual Gobierno para presidir este acto. Sirvió con convicción los postulados del Frente Nacional, así como quien habla, que fuera critico caracterizado de algunas de las instituciones del plebiscito, puede reclamar derecho de primogenitura en estas faenas, como que contribuyó a facilitar el llamado “desmonte”, cuando el transcurso del tiempo para el cual había sido proyectado y el atardecer del sistema desdibujan los mecanismos del Frente Nacional. Muchas de mis apreciaciones críticas fueron aceptadas e incorporadas en la enmienda constitucional de 1968.

Es la disculpa que quiero brindar a mis conciudadanos por las limitaciones que advertirán durante mi gestión, que obedecen precisamente a esa falta de veteranía, de familiaridad con las tareas de gobierno al que tuve acceso sólo hacia el final de mi vida pública, cuando pude desempeñar cargos y ejercer empleos que no estuvieran reñidos con mis convicciones.

Vengo de la llanura, como la mayor parte de los electores que depositaron el voto a favor de mi nombre, en el certamen cívico del 21 de abril. Represento,  si no por mis apellidos ni por mi condición económica, ese mismo estado llano, al que pertenece la inmensa mayoría de los colombianos.

Imposible sería, en el breve lapso de cuatro años, remediar males que remontan a los orígenes mismos de la nacionalidad. Pero la aspiración de quien por injustificada benevolencia de sus compatriotas, fuera escogido entre 23 millones de habitantes para representarlos, en abriles camino a las aspiraciones de los más, aplazadas las unas por años, las otras por centurias ¿Qué programa mejor para un Presidente, respetuoso del estado de derecho, de la Constitución y de las leyes, que procurar darles vigencia a viejos anhelos represados, creando los canales para que su presión no engendre el desorden ni la anarquía? Más que cualquier programa, fruto de la lectura de la erudición o de la imaginación creadora, prefiero interpretar las vivencias colombianas, tal como pude auscultarlas en el decurso de 16 años de vida pública. Remontan algunas de estas aspiraciones aplazadas a los cimientos mismos de la Republica. Siempre fue sueño acariciado por el Libertador reintegrar las piezas dispersas del imperio Español en América, a raíz de la independencia. Su testamente político, en el que ofrece el sacrificio de su vida, como una contribución para que cesen los partidos y se consolide la unión, siempre lo interpreté no como una invitación a cancelar la controversia democrática entre diversos partidos, que aún no existían, sino como una admonición en contra del desgarramiento de la Gran Colombia, entendiendo por partidos o facciones los regionalismos bajo cuyo manto se amparaban las ambiciones de los caudillos, nunca las posiciones filosóficas. ¿Cómo podría un hijo de la revolución francesa, amante de las instituciones anglosajonas, condenar como nocivo o perjudicial para las naciones el juego de las ideas, el ejercicio de la crítica, la posibilidad de que quienes hoy detentan el poder tengan que entregarlo, por ministerio de la persuasión sobre el electorado, a quienes la víspera eran sus contradictores? Este anhelo de reconstruir la unidad rota, no solamente de los Estados que libertara, desde Caracas hasta lima, la espada fulgurante de Bolívar y su palabra de fuego, se viene cumpliendo rigurosamente. No  desfalleceremos en acelerar el proceso que ha cobrado tanto ímpetu en los últimos años. La creación del Pacto Subregional Andino con las Repúblicas de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, ha sido quizá el paso más trascendental en este sendero de recuperar la unidad perdida. Pero de igual manera, los propósitos de integración de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, originada en el Pacto de Montevideo, y del cual el Pacto Subregional es un complemento, merecerán toda nuestra atención. Colombia ejercerá su vocación continental en todos los órdenes, con plena autonomía e independencia y, durante mi Gobierno, no se amenguará, por voluntad nuestra, sino que cobrará mayor empuje la política integracionista que describo. Tenemos, igualmente la vocación antillana, a la que nos inclinan nuestra tradición histórica y nuestra posición geográfica. Panamá es una hermana de Colombia, desprendida del mismo tronco, de la cual nunca deberemos apartar los ojos. Los países de América Central hasta el Rio Grande siempre fueron considerados en las horas aciagas de las guerras civiles como una prolongación de la patria. La huella del trabajo colombiano queda indeleblemente marcada entre muchos de ellos, y por lo igual el curso del siglo XIX vinieron a fijar su residencia en tierras colombiana y mexicana los dos dictadores más funestos que registran nuestras crónicas: Melo, que debía morir fusilado combatiendo en las guerras de reformas mexicanas y Santa Anna, exiliado en Turbaco, a quien un begatin mexicano vino a buscar para llevarlo a ejercer otra vez la presidencia de su patria. En esta segunda mitad del siglo XX, ganada ya su independencia, las que fueron posesiones inglesas, holandesas, portuguesas, danesas en el mar Caribe, que hoy son centro de atracción turística  y en algunos casos refugios fiscales, grandes posibilidades de exportación se abren para Colombia en productos agrícolas, manufacturas y servicios. Tanto como debe interesarnos el desarrollo de nuestro comercio exterior alrededor del Pacto Andino y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el próximo Gobierno le atribuirá comparable importancia a nuestras relaciones con los países que configuran el mar de las Antillas, como un “mare nostrum” de las Américas.

EL DIFERENDO CON VENEZUELA

Quiero hacer especial referencia a nuestras relaciones con Venezuela, para renovar mi confianza en que durante mi mandato se cumplirá satisfactoriamente otra vieja aspiración aplazada, cual es la de erradicar todos los motivos de discordia y desavenencia, por meternos conjunta y solidariamente en un proceso de desarrollo el problema de la delimitación de las áreas marinas y submarinas en el antiguo golfo de Coquivacoa, que hoy se conoce universalmente como el nombre de Golfo de Venezuela. Nuestro derecho a la plataforma submarina y a las aguas que la cubren deriva del elemental hecho geográfico de no estar encerrada esta bahía exclusivamente por territorio venezolano. Cierto es que gran parte de la costa configura el golfo es soberanía venezolana, pero también en el costado occidental, en la península de la Guajira, está de por medio la costa colombiana que según principios de jurisprudencia universal, engendra derechos sobre la plataforma y sobre las aguas. Es en mi concepto, una desfavorable coyuntura histórica, el que el problema de la delimitación entre estas dos áreas, que hubiera podido resolverse en poco tiempo, sin mayores incidencias, con la aplicación de las reglas del Derecho Internacional, hay coincidido con un periodo en que lo que se cómo como “Derecho del Mar” está apenas en formación en muchos aspectos y que la aplicación de un principio jurídico tenga que verse sustituida a veces, por una laboriosa negociación política doméstica de los respectivos países. Qué contraste, por ejemplo, con lo que me tocó registrar, hace apenas pocas semanas, países con aspiraciones encontradas sobre las riquezas naturales subyacentes del Mar del Norte, en el Canal de la Mancha, decidieron incidentalmente, dentro de un extenso temario, someter su litigio a procedimientos distintos de la negociación política. Mi Gobierno confía, como tuve ocasión de expresarlo a mi regreso de Caracas hace apenas pocos días, en que, de un modo u otro, el diferendo habrá de ser solucionado en forma justa y equitativa para ambos países. Me correspondió realizar grandes avances de procedimiento como Ministro de Relaciones Exteriores de la Administración Lleras con los gobiernos del Presidente Leoni y del Presidente Caldera, quienes tuvieron en la asesoría de sus Ministros de Relaciones Exteriores, patriótico e insuperable concejo. El señor Presidente Pastrana y su Ministro de Relaciones Exteriores sabrá agradecerles, considerables avances, en cuanto a los puntos de referencia de un posible arreglo, aportando alternativas de carácter eminentemente constructivo en busca de la meta que nos es común de que no haya vencedores ni vencidos. Y forzosamente, al tratar asunto tan espinoso, tengo que hacer referencia al desvelo de quien fuera por años sucesivos el vocero designado por el señor Presidente Pastrana en las negociaciones de Roma, el Embajador Germán Zea Hernández, quien llevo el “modus operandi” pactado en Caracas en 1970, hasta agotar los puntos de convergencia. Considero que toda la tarea de exploración y de conocimiento de los puntos de vista de ambos países ha sido una tarea útil y una etapa inevitable en el proceso de avanzar en el camino de una solución satisfactoria, pero, por sobre todo, nos ha permitido mantener excelentes relaciones con nuestros vecinos venezolanos. De ahí que pueda señalar como un anhelo aplazado el deseo colectivo que se supere pronto y satisfactoriamente esta cuestión, en la que Colombia no solamente renuncia a toda aspiración que no esté cobijada por un título inequívoco, sino que aspira a encontrar complacencia y satisfacción del otro lado de la frontera en lugar del sabor amargo que cobra a veces, en labios venezolanos, el recuerdo de soluciones anteriores.

UNA POLÍTICA DE MASAS

El señor Presidente del Congreso ha evocado, con el sentido de la oportunidad que lo caracteriza, el pensamiento de Michelet sobre el difícil arte de gobernar. Diría yo, por mi parte, que no concibo el Gobierno sin una política, como un conglomerado de burócratas huérfanos de orientación, sin norte, sin una meta trazada de antemano  y cuya culminación debe ser el propósito de la totalidad del equipo gubernamental. Es la política entendida en el buen sentido, como una cita con el futuro en que resultan vencedores quienes después de un minucioso escrutinio, inician la jornada confiados en encontrarse oportunamente con el destino bajo el reloj de la historia.

Cuando se hablaba quebrantada esa fe del pueblo en la política de masas y la aplicación del propio Frente Nacional tenía adormecida la conciencia colombiana, el partido que me llevó al poder reanudó a través del llamado “Mandato Claro” la atadura entre gobernantes y gobernados, mandantes y mandatarios, hasta conseguir el caudaloso respaldo a que se ha hecho referencia en este recinto. De la capacidad de cumplir las promesas que se formularon, como programa de gobierno, en la plaza pública, para conquistar el favor popular, depende el buen éxito del Gobierno. No aspiro, como antecesores míos de épocas remotas y superadas a declarar ante el Congreso Nacional que mi Gobierno estarán sin duda alguna ausentes de las controversias internas de las colectividades políticas o de las rivalidades entre los partidos. Pero así como la oposición, dentro del juego normal de la democracia, procurará desacreditarnos, desconceptuando la obra del futuro Gobierno, éste, a su turno, sin ánimo polémico, procurará danos más humildes. No ignoro que la tradición colombiana, por mucho, fue la contraria: presumir de imparcial el Presidente de la Republica, mientras, sigilosamente instruía a sus Gobernadores y Alcaldes para fabricar artificiosamente un respaldo que no obedecía a un sufragio puro y exento de coacción. Mi reconocimiento acerca de los procederes republicanos del señor Presidente Pastrana quien al lado de tantos otros mandatarios, entra a la historia por la puerta grande de la rectitud de propósito, cabe muy bien, al hacer el elogio de quienes beligerantemente defendieron una política en los foros que orienta la democracia, pero renunciaron a adulterar la voluntad ciudadana o a silenciar a sus críticos.

Este “Mandato Claro”, tal vez el de más claros perfiles en la historia de la Republica, constituye mi programa. Versa sobre un gran número de cuestiones espirituales y materiales, que se irán cumpliendo con el tiempo. Solamente aspiro a hacer alusión a dos de ellas, que constituirán pilares del Gobierno que se inicia. 

LA MORALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El crecimiento del país y los fenómenos propios de un período de inflación, han relajado en muchos casos los resortes morales de funcionarios que, a los ojos del grueso público, aparecen a veces justa, otras injustamente, como empleados venales que se sirven de los cargos que desempeñan en provecho propio. Mi gobierno aspira a ahogar todo sentimiento de afecto, que se traduzca en complacencia existe entre nosotros la moderna institución del “Ombudsman”, procurador del interés público revestido de una tan elevada autoridad moral que sin que sea menester acudir a procedimiento judiciales engorrosos, condena en conciencia, según su leal saber y entender, a quienes el índice de la opinión pública señala como infractores de los principios éticos y legales. A lo que ha sido hasta ahora una modesta oficina de quejas de la Presidencia de la República, aspiro a darle categoría semejante, extendiéndole el derecho de velar por el bien público, sin limitación alguna, en razón de la categoría de los servidores públicos sindicados de infracciones y delitos, cuando una profunda convicción moral no requiera ajustarse a la tarifa de pruebas del Código Penal, Existe para pedir al Presidente su remoción, la Procuraduría General de la Nación, que adelanta con éxito minuciosas investigaciones ceñidas rigurosamente a la ley sobre casos semejantes. El proyecto, que una comisión de distinguidos jurista de los dos partidos tradicionales ha elaborado para su mejor funcionamiento, será sometido al estudio del Congreso, con la esperanza de una pronta aprobación por parte de los cuerpos legislativos de la Nación. Pero no existe relación alguna entre las dos instituciones. No habrá paralelismo ni incompatibilidad entre la una y la otra. La procuraduría seguirá velando porque haya pronto y cumplida justicia en el territorio nacional, a petición de parte o del mismo Gobierno, cuando quiera que se haga necesario averiguar hechos delictuosos denunciados por la ciudadanía. La Oficina de Quejas desde la propia presidencia de la Republica, indicará la conveniencia de determinar despido, sin que para ello sea necesario querella alguna, ni procedimiento legal. El Jefe del Estado ante la insinuación meditada y sopesada, originada en tal alta fuente, removerá de inmediato al presunto culpable, sin perjuicio de que, por medio de las acciones legales que amparan a todo ciudadano, pueda posteriormente reivindicarse. Con este procedimiento aspira el Gobierno a sustituir el anacrónico principio, a veces justificado, de no reemplazar en los cargos a las personas sobre las cuales pesa una denuncia, con el pretexto de hallarse sub júdice y constituir su remoción un grave indicio equivalente a prejuzgar sobre su reputación. Ha sido el procedimiento tradicional de esquivar, al menos transitoriamente, a la vez las sanciones de la justicia y la consecuencias administrativas de actos indelicados o punibles, al cual se le pondrá término con este recurso discreto, que, al menos para mi Gobierno, constituirá invaluable y constructiva critica. Este problema de la justicia, por la morosidad en las decisiones y la impunidad acerca de la cual existen cifras aterradoras, formó, dentro del “Mandato Claro”, un capítulo aparte.

El ministro de Justicia saliente deja al estudio del Congreso varios proyectos, tendientes a remediar el mal que cuentan con el respaldo del nuevo Gobierno, como si fueran propios. Ellos son el fruto de la experiencia y el estudio minucioso de quienes por muchos años han adelantado un análisis objetivo sobre estos temas.

LUCHA CONTRA LA INFLACIÓN

Tema clave en el repertorio del “Mandato Claro” ha sido el de la lucha contra la inflación. Aspiro a que mis conciudadanos mediten, con sus elementales conocimientos, fruto del sentido común o sus elaboradas teorías, acerca de lo que significa  esta perturbación económica. Semejante al alcohol, que produce una euforia bien hechora en sus primeras etapas pero luego, ingerido en exceso, reduce al ser humano a la condición de animal, la inflación engendra una engañosa apariencia de prosperidad, que se caracteriza transitoriamente por altos índices de expansión y creación de empleo. Al cabo de cierto tiempo surgen los primeros síntomas de autodestrucción, cuando al cavarse abismos más hondos entre las clases sociales, la disminución del poder de compra de los de abajo repercute sobre el crecimiento del comercio y de la industria de los de arriba, reduciendo de contera el empleo anterior. En Colombia jamás se hizo tan grande la diferencia de ingresos, entre unos y otros, como en los años de la inflación galopante. La cita a que estamos emplazados tiene por objeto ponerle término a semejante situación, que constituye, hoy por hoy, la preocupación primordial de todo gobernante. No sé de ningún Estado, con excepción de los países del área socialista, en donde la lucha contra el encarecimiento de la vida no esté a la cabeza de los programas de gobierno.

Muchas veces se ha explicado desde el Gobierno y desde la oposición la génesis del problema. Sería superfluo enfrascarnos de nuevo en el minucioso análisis acerca de la incidencia del déficit presupuestal, del incremento monetario producido por nuestras exportaciones menores, de los empréstitos sin fines de fomento contratados importados o producidos en el país que, dentro de un mundo tan estrechamente intercomunicado, no dejan de repercutir en nuestro suelo. Para remediar esta dolencia no le ofrezco a la Nación  remedios mágicos, de prontas y fecundas repercusiones. Me reduzco, como en el caso de la moralización administrativa y de la reducción de nuestro servicio diplomático, tecnificado a través de la carrera, a responder a la presión pública con el ofrecimiento de que no se aplazará indefinidamente la lucha en serio contra el alto costo de la vida y el debilitamiento progresivo de la participación del trabajo en la renta nacional, que se viene registrando en los últimos años.

POLÍTICA DE ESTABILIZACIÓN

Tuve ocasión, en el curso del debate electoral, de expresar mi convencimiento de que el mundo no se avecinaba a una época de “despegue”, como lo proclamaban los desarrollistas a ultranza, forjándose la ilusión de que el auge del comercio internacional y los altos precios de los alimentos y las materias primas, serían eternos. Hemos llegado al tope de un ciclo económico favorable y asi lo reconocen, por igual, quienes trajinan con estos temas en los países desarrollados o en aquellos en proceso de desarrollo. Un déficit presupuestal calculado en 3.000 millones de pesos, un endeudamiento externo, cuyos plazos comienzan a vencerse y, en veces, cuyos intereses  se fueron pactados en forma flexible, al vaivén de la rata mundial interbancaria, vecina hoy del 12 por ciento anual, son índices inequívocos de que el Gobierno que hoy se inicia no lo hace en el periodo de las vacas gordas. Atribuirles a unas discutibles reservas del Banco de la Republica el carácter de un don de Dios, dentro del consumo de la economía colombiana, constituye a mi entender peligrosa estrategia en el momento en que se requiere austeridad y disciplina.

También, al finalizar la segunda guerra mundial y dentro de las proporciones de la época, contábamos con cuantiosas reservas en oro, proporciones de la época, que difícilmente podían traducirse dentro de la escasez mundial en bienes esenciales para nuestro desarrollo y nuestro consumo. Los agricultores no ignoran hasta qué punto, desde los insumos hasta los empaques para el mercadeo de sus productos, se presenta en el comercio internacional una escasesz de elementos esenciales para el normal desarrollo  de nuestras siembras y nuestras industrias. El equipo de gobierno, que me viene acompañando con consagración ejemplar desde el día siguiente de las elecciones, tiene ya elaborado un plan completo de estabilización, tendiente a preparar al país para los nuevos tiempos. Y a mi turno he procurado informarme sobre las características del comercio con los países socialistas que hoy representa el 40 por ciento del comercio mundial y en donde se producen, en abundancia, fertilizantes, pesticidas, polietileno y otros derivados de la industria petroquímica, y así tratar de evitar una disminución de nuestro producción. Mi gobierno se propone reestructurar, por el aspecto comercial, las relaciones con los países socialistas para que este tipo de comercio no siga siendo una dependencia de la Federación o del Banco Cafetero, en donde frecuentemente lo saldos favorables a Colombia eran cedidos a menos precio ante la imposibilidad de aprovecharlos.

Un plan de estabilización supone la reestructuración del mercado financiero en donde hoy impera la anarquía, a través de las más disimiles ratas de interés, desde el depositante de la caja de ahorros que recibe un 8 por ciento sin exención de impuesto, hasta los préstamos extra bancarios clandestinos en los que los intereses del 3 por ciento mensual constituyen una tasa corriente. Sera necesario sanear el fisco recortando en el presupuesto aquellos gastos no esenciales y consagrándose, por sobre todo, a la conclusión de obras iniciadas y muchas veces abandonas durante años.

Recuperamos la vocación minera de Colombia, que, con el carbón, el Niquel, los fosfatos, el oro y otros minerales semejantes, deben contribuir en forma muchas más significativas en la configuración de nuestra balanza de pagos. Siempre fue nuestra patria, desde la época del virreinato, nación minera y la coyuntura de la crisis energética, nos sorprende con riquísimos mantos de carbón y yacimientos de petróleo suficientes para sortear, con los nuevos descubrimientos, el problema de nuestro autoabastecimiento. Contamos con caídas de agua para generar energía hidráulica, que nos colocan entre los primeros países del mundo, en cuanto a capacidad para generar fuerza eléctrica, más allá de las necesidades de nuestra propia población. Equivocada sería la imagen de una Colombia que tuviera que pasar la escudilla en busca de combustible para el desarrollo.

Con todo, los descensos especuladores en el precio del café y del algodón, en las lonjas internacionales, que obedecen a veces a factores estacionales, pero a mi entender, al desfallecimiento de la ola de prosperidad, que yo he calificado como el hecho de haber alcanzado el tope, significan para nosotros un horizonte mucho menos despejado del que podía contemplarse hace algunos meses.

SATISFACER ANHELOS REPRESADOS

No quisiera pecar de pesimista, conociendo las energías y la destreza de mis compatriotas, pero sería insincero con la Nación, representada por su Congreso, que encarna la voluntad popular, si ocultara viejos anhelos represados. No ignoro que el cambio es difícil en extremo porque será necesario en algunos casos de reajustar precios que en algunos, hacerlos regresar a niveles anteriores, como que la preocupación esencial del Gobierno será la defensa del poder de compra de los trabajadores. Tanta injusticia como se registra, por el contraste entre los gravámenes de las rentas de trabajo y de las rentas de capital, no permite a largo plazo la supervivencia de las instituciones. Existe una aberrante injusticia en la forma como se grava el trabajo y se aligera el peso de los impuestos sobre las rentas de capital. Mi gobierno procurará aliviar las cargas que pesan sobre las rentas de trabajo y gravar las de capital a las que favorece de manera muy señalada la actual legislación. Tenemos entre los países del mundo uno de los más bajos índices de participación fiscal, dentro del producto nacional bruto apenas 8 ½ por ciento, que, medido con cualquier patrón, es uno de los más bajos de América y del mundo. No obstante, nuestras tarifas tributarias son comparables a las de países más avanzados. De ahí no cejaremos en la lucha contra la evasión, legal o ilegal, evitando las componendas y arreglos de que se acusa a los propios funcionarios de la Administración de Impuestos. Se extenderá la renta presuntiva no solo a los agricultores sino a otros sectores que no tributan en la medida de sus ingresos reales. Se simplificará para efectos del recaudo el impuesto a las rentas, pero, por sobre todo, se abolirá el desafortunado principio de que el Estado al cabo de los años pierde, por prescripción, la capacidad de revisar las liquidaciones privadas de las contribuyentes, otorgándoles una gabela en su contra. Se modificará, igualmente, la legislación sobre ganancias ocasionales y se buscará en lo posible, la abolición del anacrónico sistema de percibir el impuesto de sucesiones y de estimar por medio de peritos el monto de las mismas, cuando el Estado debe estar al corriente, día a día, a través de las declaraciones de renta, que imponen rígidas normas sobre estimación de los bienes, del valor de los mismos, rígidas normas sobre estimación de los bienes, del valor de  los mismos.

También se atenderá, como un reclamo aplazado y creciente, a la necesidad de poner término a la concentración de poder económico, mediante la captación del ahorro privado, a través de los fondos mutuos y de capitalización, estableciendo una reglamentación rigurosa sobre el manejo del ahorro ajeno. Pueril sería imaginar el apoyo unánime de la ciudadanía para medidas de esta índole, que , junto con la reglamentación de incentivos que hoy afectan al Presupuesto Nacional, deberán tomarse en tiempo oportuno, para ganar en la flexibilidad de su manejo.

La reciente tragedia de Quebradablanca, que mantiene paralizado y angustiado a lo que territorialmente es casi medio país, no deja de horadar mi ánimo, en el convencimiento de que el aforismo de Núñez sobre descentralismo cobra nuevas dimensiones en un mundo de realidades económicas.

Aspiración también aplazada, la cual me siento obligado a satisfacer en breve término, es la de la desconcentración del poder económico del Distrito Especial, descentralizado gran número de los llamados institutos descentralizados y principalmente los bancos que tanto papel desempeñan en la actividad local. No puede ser que la sede central de institutos de crédito como el Banco Popular, el Banco Cafetero, el IFI, La Corporación Financiera Popular, el Banco Ganadero, y otros que sin duda se me escapan, tengan sede en Bogotá y modestas sucursales en otras capitales del país. Oportunamente tomaremos la decisión acerca de dónde debe establecerse la sede principal de dichas instituciones de crédito y de otras empresas del Estado como Ecopetrol, el Inderena, el Idema, etc, que contribuirán grandemente a restablecer el equilibrio regional perdido, sin perjuicio de mantener para el Distrito Especial algunas de las agencias del Estado. Y, para efecto de medir su eficiencia y someterlos a un más riguroso control oficial, no solamente serán gravables aquellos que producen utilidades, sino que sus depósitos en los bancos comerciales privados estarán sometidos al más estricto control por parte de la Junta Monetaria.

TENER PROBLEMAS POR BUSCAR EL CAMBIO
O TENER PROBLEMAS SIN HACER EL CAMBIO

Algunas de las medidas que dejo enunciadas, como una política que compromete al equipo de gobierno, son materia propia del Órgano Legislativo, otras podrán ser puestas en vigencia, mediante puesto que generosamente, por iniciativa del Senador y entonces jefe del partido, doctor Julio Cesar Turbay Ayala, Presidente del Congreso, se ha mencionado la posibilidad de otorgarme facultades extraordinarias, quiero anticipar, con toda honradez, mi propósito de emplearlas para reformas de carácter administrativo, si fueren necesarias, mas no para aquellas medidas destinadas a remediar la situación económica y social, si ciertos indicadores económicos llegaren a alertarme, con su luz roja, sobre la conveniencia de aplicar el artículo 122 de la enmienda constitucional de 1968 sobre el “Estado de Emergencia”. Antes de que graves circunstancias de orden social y económico perturben el sosegado discurrir de la sociedad colombiana, obligándome a declarar el estado de sitio, procuraría apelar al artículo 122 y atacar la raíz del mal con la aplicación de medidas económicas de emergencia que recurrir al artículo 121 para sofocar la protesta. No quiero sino en último término apelar a las Fuerzas Armadas de la República, que, quizá más que ningún otro ejército, vienen desempeñando desde hace un cuarto de siglo la más abnegada, patriótica y difícil tarea en preservar el orden en campo y ciudades.

Quiero sumarme públicamente al testimonio de gratitud expresado por el señor Presidente del Congreso, Jamás el brazo armado de un gobierno fue sometido a la prueba de fuego por tantos años y por tan diferentes razones, sin haber conseguido definitivamente la tregua, que garantice a los campesinos que lo integran, que no estarán expuestos a perecer en una oscura emboscada, tendida por hermanos de su misma condición económica. El dilema que enfrenta el nuevo Gobierno es el de tener problemas por buscar el cambio o tener problemas sin hacer el cambio. Mi tradición y el sentido de la campaña que me llevó a la Presidencia de la República me obligan a hacerlo el cambio, aun a costa de dificultades y de tropiezos inherentes a esta clase de medidas.

Humildemente me entrego al servicio de la República, con el tranquilo optimismo de quien siempre halló entre las multitudes el aliento tonificante de su pueblo. Presumo, señores miembros del Congreso y representantes de las naciones amigas, cuya presencia aprestigia este acto, que habréis advertido la ausencia de un nombre, que, al lado de mi madre,  preside, desde las colinas de la historia esta ceremonia. Al asumir la mayor responsabilidad de mi vida, sólo quiero invocarlo para repetir con él: “Bendigo a la Providencia que me dio por campo de acción este suelo fecundo y por compatriotas a los colombianos”.