César Gaviria Trujillo

Palabras claves

Asamblea Constituyente, Colonialismo, Economía, EEUU, Guerrilla, Modernización, Narcoterrorismo, Pacificación, Paramilitarismo, Paz, Privatización, Reforma, Violencia

Transcripción:

“Nuestras tradiciones, viejas ya de 500 años, retazo de la herencia española sembrada en estas Indias donde los recibimos con los brazos abiertos, erigieron en arquetipo de nuestra civilización una hospitalidad de leyenda que sobrevive a cualquier prueba: entre la pobreza y la violencia, más allá de la convulsión y el alzamiento, campea la hospitalidad como prueba de nuestra bondad irremediable.

“Nuestras tradiciones, viejas ya de 500 años, retazo de la herencia española sembrada en estas Indias donde los recibimos con los brazos abiertos, erigieron en arquetipo de nuestra civilización una hospitalidad de leyenda que sobrevive a cualquier prueba: entre la pobreza y la violencia, más allá de la convulsión y el alzamiento, campea la hospitalidad como prueba de nuestra bondad irremediable.

No tenemos otra moneda para corresponder a los mandatarios americanos y a las delegaciones que nos acompañan la generosidad de su visita, pero cuánto más orgullosos nos sentiríamos de hacerle honor a esta costumbre en condiciones diferentes de nuestro azaroso devenir.  Por fortuna no estamos solos: los tenemos a ustedes, fieles a nuestra fe en que no puede estar ya lejos la utopía garciamarquiana, “cuando sea cierto el amor y posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Les doy la bienvenida y los invito a evocar, con nosotros los colombianos a Luis Carlos Galán: el amigo, el hombre recto, el espíritu crítico que le devolvió a la política su majestad, su capacidad para transformar la realidad. En homenaje al líder sorprendido por la muerte cuando, sonriente, saludaba a su pueblo que lo aclamaba lleno de ilusión, quiero repetir sus palabras al invocar a las gentes de la revolución comunera: Colombianos: Ni un paso atrás! Siempre adelante!.

Compatriotas

Nuestra Nación culminó la más difícil y accidentada campaña electoral de su historia.

La violencia amenazó con arrasar valores y principios tutelares, nuestra democracia y nuestra libertad. Perdimos a miles de colombianos de bien, entre quienes se contaban nuestros mejores y más jóvenes dirigentes: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro.

La violencia llamó a las puertas de cada colombiano y puso a prueba el carácter de la Nación. Pero lo que desconocían los violentos es que el país se crece frente a la adversidad, que frente a la muerte y el dolor, la vida y la esperanza son más grandes: a pesar de las bombas, los colombianos llegaron a las urnas y se expresaron masivamente por un país democrático y pacífico.

En los últimos meses, los colombianos hemos demostrado que se necesita mucho más que la amenaza del terror y el terror mismo para amilanarnos, para hacernos claudicar. Pero aparte de resistir, de decirles que no pasarán, tenemos que ser capaces de erradicar el mal, de cortar de un tajo las raíces de la violencia.

Hoy he jurado como Presidente de todos los colombianos. Sabré interpretar los anhelos y aspiraciones de cada uno de mis compatriotas.

Mi Gobierno tiene la responsabilidad histórica de pacificar la vida colombiana, modernizar las instituciones para que respondan a las nuevas necesidades de los ciudadanos, y fortalecer la economía para que nuestra Nación sea más pujante, más próspera, más justa.

No sé si el protocolo de las grandes ocasiones confiere unos renglones a la intimidad, pero echo de menos a mi padre. Era un librepensador, lo que significa entre nosotros un hombre bueno, lleno de fe y altruismo.

De acompañarnos ahora estaría contento, pero su capacidad de orgullo la había colmado con el trabajo diario y la hombría de bien, el amor de mi madre, el respeto de los amigos y la fidelidad a una forma de vida que apreciábamos porque era limpia y honorable.

Me criaron en la provincia, sin alcurnia ni riqueza diferentes a las ancestrales virtudes antioqueñas con que templaron mi espíritu y me enseñaron a soñar en el gran país que podía ser Colombia.

Pero soñar no basta. He asumido con integridad y vigor todas las responsabilidades que la vida pública me ha impuesto, acompañado de Ana Milena, a quien debo ya 12 años de leal, radiante y conmovedora dedicación, y de Simón y María Paz, actores de una solidaridad un poco más ruidosa.

Este es, a grandes rasgos, el boceto del Presidente que los colombianos eligieron para una Colombia en el umbral del próximo milenio, el abanderado del relevo generacional, el vocero del nuevo liderazgo firme en sus principios y confiado en las enormes posibilidades del país, que avanza con optimismo hacia el porvenir. Los colombianos no queremos ya restaurar, ni mirar hacia atrás con nostalgia, ni pensar que todo tiempo pasado fue mejor: lo que queremos es construir un futuro para nuestra Nación.

Conciudadanos:

La construcción de ese futuro para nuestros hijos y para los que están por venir, es nuestro mandato.

Y nuestro desafío, el de enfrentar y superar el peor momento de violencia que nos ha tocado vivir. Le haremos frente como corresponde a un Gobierno elegido para la renovación y la reforma. No simplemente imponiendo restricciones a nuestra democracia, sino transitando los caminos de modernización y de cambio.

La lucha armada ha caído en evidente obsolescencia. Las grandes transformaciones políticas en el mundo socialista y el anhelo de paz de los colombianos, le han quitado toda viabilidad a la guerrilla. Y han convertido en simples criminales a muchos de los que se aferran a ella.

A lo largo de su historia, Colombia ha apelado a las soluciones políticas una y otra vez para hacerle frente a la rebelión armada y al alzamiento. Ellas serán preservadas para los grupos guerrilleros que se acojan al sentimiento mayoritario de la Nación: acabar con la violencia.

A lo largo de su historia, Colombia ha apelado a las soluciones políticas una y otra vez para hacerle frente a la rebelión armada y al alzamiento. Ellas serán preservadas para los grupos guerrilleros que se acojan al sentimiento mayoritario de la Nación: acabar con la violencia. El diálogo es una concesión que la sociedad civil hace a los violentos. Es útil cuando los alzados en armas aceptan que no puede ser un escenario para su protagonismo político. Cuando sirve, en cambio, para buscar su desmovilización y desarme, y su vinculación a la sociedad, con el fin de que puedan perseguir sus objetivos políticos por medios pacíficos.

El respaldo que recibió la candidatura del M-19 muestra a las claras las inmensas posibilidades del proceso de paz iniciado a finales de la administración Turbay Ayala, con la Comisión de Paz presidida por el ex presidente Lleras Restrepo.

Este proceso, de gestos más generosos y audaces durante la administración Betancur, fue reformulado por la administración Barco, durante la cual se hicieron convenientes ajustes con base en las lecciones aprendidas del pasado. Se institucionalizaron los mecanismos para ejecutar la política y se robusteció el Plan Nacional de Rehabilitación para llevar la acción del Estado a las regiones marginadas. Mantendremos nuestra fe en las soluciones políticas, mantendremos esta estrategia.

Otros grupos guerrilleros, como el EPL, el PRT y el Quintín Lame, han aceptado recorrer un camino semejante. Han reconocido, por lo pronto, que la desmovilización y el fin de la lucha armada son objetivos a los que se debe llegar.

La Asamblea Nacional Constituyente, que será convocada por el pueblo el 25 de noviembre, ofrece una oportunidad para los grupos guerrilleros que acepten abandonar los métodos violentos. Allí se va a escuchar la voz de los guerrilleros que hayan silenciado las armas y que comprendan que deben defender sus ideas con la fuerza de su argumentación y su capacidad de convicción.

Es la expectativa de una democracia real, vigorosa, participativa, la que debe inducir a los insurgentes a abandonar los fusiles.

No obstante, el diálogo del Gobierno no puede limitarse a los grupos armados. El principal objetivo de nuestra política es hablar con las víctimas de la violencia, los desvalidos y los marginados, los sectores contestatarios de la vida colombiana, en fin, con todos aquellos que acatan la ley y reclaman un lugar bajo el sol de Colombia. Ellos serán los destinatarios de la renovación y la reforma.

Pero las acciones de la guerrilla están lejos de ser la única o la primordial causa del derramamiento de sangre. Pero las acciones de la guerrilla están lejos de ser la única o la primordial causa del derramamiento de sangre.

El narcoterrorismo es hoy la principal amenaza contra nuestra democracia. Le haremos frente sin concesiones. No de otra manera se pueden erradicar de la vida colombiana el magnicidio, los centenares de muertos con carro-bombas, los niños caídos en el Día de la Madre, los soldados y las gentes humildes víctimas de toda clase de atentados, los agentes asesinados en los pisos destruidos del edificio del DAS, los policías acribillados en las calles de Medellín.

Porque la conducción de esta lucha es indelegable, el Presidente de la República liderará las acciones de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el DAS, para doblegar a los terroristas y poner fin a los actos de barbarie. La tarea de robustecer nuestros servicios de inteligencia, de crear verdaderas instancias de conducción en este campo, es inaplazable y se realizará bajo mi orientación personal.

Si bien el narcoterrorismo es nuestro problema, el narcotráfico es un fenómeno internacional que solo podrá resolverse mediante la acción conjunta de todos los países afectados, y ningún éxito será posible en este campo si en los países consumidores no se da una sustancial reducción de la demanda.

No basta repetirlo una y otra vez, porque nuestro destino requiere de la solidaridad de todos los pueblos: ninguna nación, en la historia de la humanidad, ha pagado tan alto precio como Colombia por enfrentar un delito de carácter internacional, por enfrentar a las organizaciones criminales más poderosas de que se tenga memoria.

En el marco de esta lucha que debe ser multilateral y en la medida en que dobleguemos la acción terrorista, le daremos al narcotráfico el manejo que requiere un delito de especial gravedad, que debe tener un severo tratamiento policivo y judicial.

En el terreno interno, crearemos una legislación de carácter permanente que no dependa de la temporalidad del Estado de Sitio ni dé lugar a abusos, y cuyas normas se adecuen a nuestra tradición jurídica. La extradición no puede ser el único, ni el principal instrumento en la lucha contra el narcotráfico. Se trata de una herramienta de uso discrecional por parte del Ejecutivo. Para hacer verdadero uso de esta discrecionalidad se requiere que antes desaparezca el terror y que dispongamos de un sistema judicial fortalecido.

Enfrentaremos al narcotráfico con instrumentos novedosos, modernos y de mayor eficacia, tales como una jurisdicción especial permanente que tenga bajo su responsabilidad las organizaciones criminales; un procedimiento especial que incorpore los elementos de naturaleza económica, particularmente el enriquecimiento ilícito, invirtiendo la carga de la prueba; prisiones seguras; protección especial para los jueces, incluyendo la posibilidad de construir para ellos viviendas adecuadamente protegidas, y todo aquello que implique mayor eficacia y mejores resultados en esta lucha, y que garantice que no sigamos dejando a nuestros jueces inermes a merced de esas organizaciones criminales.

La retórica de solidaridad internacional con nuestro país debe abrirle paso a acciones efectivas.

Esperamos más de los países industrializados no solo en contra del consumo, sino en controles más severos al lavado de dólares, el tráfico de armas, las redes de distribución, la venta de insumos químicos y la producción de hoja de coca. Se impone el diseño y la aplicación de una verdadera estrategia multilateral que haga viable esta lucha y distribuya mejor los costos, que hasta ahora han recaído de manera desproporcionada en nuestra Nación.

En colaboración con otros países del planeta y de manera complementaria con los mecanismos antes mencionados, exploraremos las posibilidades de creación de una jurisdicción penal internacional para el tratamiento, entre otros, del narcotráfico y delitos conexos que desbordan las fronteras de los Estados.

La creación de un Tribunal Criminal Internacional con base en un Código Penal Internacional abriría las puertas a un manejo multilateral de los delitos contra la humanidad. Ello ha dejado de ser una simple pretensión académica y hoy es objeto de discusiones en el seno de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Organización de Estados Americanos.

Especial mención merecen los graves problemas que han afectado en los últimos meses a la ciudad de Medellín. Esos problemas trascienden ya las dimensiones de la cuestión del narcotráfico y el narcoterrorismo, y han adquirido las proporciones de un conflicto social de características muy complejas.

El Gobierno se propone, con base en acciones que ya están en curso, como las del alcalde Omar Flórez y los distintos estamentos cívicos de la capital antioqueña, diseñar y poner en marcha, a la mayor brevedad, un plan especial para rehabilitar a Medellín. Para coordinar esas tareas y darle a su manejo la mayor entidad posible, me propongo crear en los próximos días una Consejería Presidencial y designar para ella a una persona de las mejores calidades y de gran capacidad ejecutiva.

Dentro de la estrategia global contra la violencia, enfrentaremos con todo el rigor a los grupos paramilitares. Me comprometo a poner todo el empeño del Estado colombiano en el desmantelamiento de estos grupos, que han derivado, por acción del narcotráfico y de algunos sectores de extrema derecha, en poderosas organizaciones criminales, principales responsables de las masacres, de los magnicidios y de delitos atroces de toda naturaleza.

Algunas organizaciones llamadas de autodefensa han alegado ser ajenas a tan monstruosos crímenes. Ellas deben saber que su acción ha estado al margen del ordenamiento jurídico. Los esfuerzos que hará el Gobierno para asegurar el imperio de la ley, llenarán los vacíos que antes ocupaban todas esas manifestaciones de justicia por mano propia que han proliferado en los últimos años. El mayor daño a nuestra democracia es el que le han hecho quienes han pretendido defenderla de los crímenes y desafueros de la guerrilla por estos medios. Po ello, la única actitud posible frente a estos grupos es la de invitarlos a que se sometan a la justicia.

Las Fuerzas Armadas de Colombia deben tener el apoyo de todos sus compatriotas. Ellas requieren de la credibilidad y la confianza de la ciudadanía. Lucharemos para devolverle al Estado el monopolio de la fuerza, sin duda uno de los pasos más significativos para acabar con la violencia.

A su vez, la confianza y credibilidad de la opinión pública en sus Fuerzas Armadas dependen de que estas actúen dentro del marco previsto por la Constitución. Ellas deben ser respetuosas por excelencia de los derechos humanos, porque la defensa nacional es también la defensa de la ley.

No debemos dejar recaer en nuestras Fuerzas Armadas una responsabilidad desproporcionada, exigiéndoles una eficacia imposible de alcanzar sin la colaboración de todas las autoridades, de las fuerzas sociales y de todos los ciudadanos.

La responsabilidad de hacer prevalecer la ley no es solo de las Fuerzas Armadas, es de todos nosotros.

Para asegurar un manejo integral en este campo, crearé una Consejería de Seguridad Nacional. Esta oficina asesorará al Presidente en la coordinación de las entidades estatales ejecutoras de la política integral contra la violencia, y pondrá a su disposición, en forma oportuna y completa, la información sobre estos asuntos.

Las oportunidades de reforma que ofrece la historia nunca han sido el resultado del azar o de la improvisación. Los pueblos descubren el momento de renovarse cuando la insuficiencia de las instituciones detiene el cauce de su propio desarrollo.

Colombianos

Nunca antes, como el 11 de marzo y el 27 de mayo, los anhelos populares habían logrado identificarse de manera tan clara con la realidad y la inminencia de la reforma. La victoria de nuestras ideas en esas dos fechas nos confiere el mandato de liderar un proceso de profunda modernización de nuestras instituciones.

Eso es precisamente lo que hemos llamado el revolcón institucional que nos colocará a la vanguardia de la nueva época que vislumbrara Luis Carlos Galán. Una herramienta como la Asamblea Constituyente está destinada a acelerar un proceso más que nunca sentido y exigido por el pueblo colombiano.

No podemos derrochar la oportunidad más clara de renovación y transformación que nuestra historia nos ha ofrecido.

El Presidente de la República liderará un proceso de pedagogía sobre la reforma a emprenderse. No se trata de la exclusiva modificación de un esqueleto de normas, sino de una radical transformación de la actitud ciudadana. Para ese propósito, acercaremos el pueblo colombiano a su Constitución para que sus demandas y aspiraciones se conviertan en derechos.

Para superar la crisis, las instituciones de justicia deben ser fortalecidas, como bien lo acaba de reiterar el señor presidente del Congreso, doctor Aurelio Iragorri, a quien agradezco la generosidad de sus palabras y, en nombre del Gobierno, el clima de colaboración que establece su discurso. No vamos a permitir que la impunidad continúe poniendo en entredicho el servicio público esencial de la justicia. Elevaremos la rama jurisdiccional del poder público para recuperar su dignidad, su legitimidad y su eficacia.

La colaboración armónica entre los poderes públicos es hoy un principio constitucional que exige vigorizarse para combatir la delincuencia organizada más sofisticada. El poder ejecutivo debe contribuir a que sea posible el ejercicio constante y presente de la autoridad judicial.

El establecimiento, así sea gradual y selectivo, del sistema acusatorio y un mayor compromiso del Ejecutivo en el proceso de instrucción criminal, garantizarán la efectividad de la investigación judicial. El Ejecutivo tiene que brindar protección armada y respaldo técnico a los jueces e investigadores, para que en el proceso de instrucción las primeras diligencias tengan el valor probatorio requerido. Estableceremos, además, una jurisdicción permanente que institucionalice procedimientos especiales, permita la negociación de penas, el perdón judicial para quienes colaboran con el juez, sistemas de fallo colectivos, protección de la identidad de los jueces y testigos, pago de recompensas y aumento significativo de las sanciones penales.

Aseguraremos la autonomía de la rama por medio de organismos de dirección y administración propios que permitan mayores avances en ese campo, además de los ya alcanzados en materia de manejo presupuestal y carrera judicial. Abriremos también los canales de participación de la comunidad en la función jurisdiccional, por medio de Jueces de Paz que fallarán en equidad.

Esos son los elementos esenciales del robustecimiento de la justicia.

Pero hay otro enemigo que tenemos que enfrentar: la corrupción. Para hacerlo, me propongo robustecer las funciones de la Procuraduría y del Máximo Tribunal Jurisdiccional, con el fin de que pueda imponer sanciones disciplinarias con base en el principio de “verdad sabida y buena fe guardada”, para poder preservar la moralidad en el ejercicio de las funciones públicas.

A la par con el fortalecimiento de la justicia, la reforma constitucional también buscará la consagración, protección y garantía efectiva de los derechos humanos. Quien sufre la vulneración de su derecho debe contar con un mecanismo que le permita acudir a una autoridad para la garantía de su ejercicio.

Pues a pesar del avance que significó la reforma constitucional de 1936 en materia de consagración de garantías sociales, han surgido nuevos derechos relativos al bienestar económico y social de la persona humana y nuevos derechos individuales.

Así estaremos propiciando que todos los colombianos, incluidos aquellos pertenecientes a sectores minoritarios, contestatarios o grupos marginados, sientan que la Constitución no es ajena a sus clamores, que sus derechos están en la Carta, que las autoridades existen para hacerlos valer y que no es necesario sublevarse contra las instituciones para garantizar su protección.

Cuando los organismos ordinarios para contrarrestar las amenazas de la violencia se quedan cortos, es necesario acudir a medidas excepcionales. El Estado de Sitio ha sido el instrumento utilizado tradicionalmente para adoptar dichas medidas. Sinembargo, la experiencia demuestra que esta herramienta ha perdido eficacia o ha llevado a abusos. Debemos reformarlo, para devolverle eficacia, para que sea transitorio, para que haya control político a su utilización, para enriquecerlo reconociendo diferentes situaciones de perturbación del orden público y para evitar que en el exterior prevalezca la idea de que vivimos permanentemente bajo el imperio de la ley marcial.

Debemos, también, crear nuevos mecanismos de participación y de reforma como el plebiscito, la Asamblea Constituyente y el referéndum, para involucrar a los ciudadanos en la toma de las decisiones estatales que más les interesan y afectan para acelerar y agilizar el ritmo del cambio institucional. Necesitamos una democracia vibrante y un ciudadano activo. He ahí el gran reto: fortalecer la democracia participativa, tal como lo decidió el pueblo el 27 de mayo.

Una de las principales tareas que asumirá la Asamblea Constitucional es reformar el Congreso para convertirlo en verdadera expresión del pluralismo político y en contrapeso del Ejecutivo.

Es importante que la Asamblea examine la conveniencia de buscar algunas diferencias funcionales entre Senado y Cámara, como, por ejemplo, las que ha sugerido el ex presidente Alfonso López Michelsen de que el Senado cumpla la función de ratificar los tratados públicos y la Cámara de Representantes la de darle trámite al presupuesto nacional.

Particularmente en lo que hace relación al Senado es bueno examinar la posibilidad de que, sin menoscabo de su actual representación regional, se enriquezca con un número de miembros elegidos por circunscripción nacional. Esto le permitirá a movimientos minoritarios o fuerzas sociales llegar a esa alta corporación legislativa.

Sería igualmente interesante examinar la posibilidad de que la Cámara de Representantes tuviera un origen que no fuera departamental, sino zonal o provincial, de tal manera que esté mucho más cerca de los intereses locales.

Robustecer el control político que debe ejercer el Congreso es una empresa fundamental para restablecer el equilibrio entre las ramas del poder público y evitar que el Legislativo se convierta en un apéndice del Ejecutivo. Se han hecho ya varios intentos que han fracasado en medio de la lentitud de nuestro cambio institucional.

Igualmente se podrá establecer la moción de censura, la de observaciones o ambas. Hay quienes se aterran frente a la eventualidad de que, por acción del Congreso, deba renunciar un ministro o pueda ser investigado algún particular por comisiones de congresistas. Pero sería un primer paso que introduciría en nuestro régimen constitucional un elemento de los sistemas parlamentarios.

Hay que reglamentar la iniciativa de los congresistas en materia de hacienda pública, sin menoscabo de la iniciativa del gasto, que corresponde al Gobierno, como lo estableció la reforma constitucional de 1968. La deliberación sobre las políticas públicas, las decisiones sobre la orientación y magnitud del gasto gubernamental constituyen la principal función del Congreso en cualquier democracia.

Persistir en un proceso de planificación presupuestal técnico, cerrado y antidemocrático impide que las regiones y los sectores sociales se solidaricen con estas decisiones y hace que, en cambio, se sientan abandonados y discriminados. Es necesario corregir esa desviación y eliminar los auxilios parlamentarios.

Como se estableció en la malograda reforma de 1979, se debe fijar un severo régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, así como precisas causales y procedimientos de pérdida de investidura y estricta reglamentación del llamado turismo parlamentario. La modernización del control fiscal será otra de las grandes misiones de la Asamblea Constituyente.

Estamos obligados a avanzar hacia la consagración en nuestra Carta y en nuestra legislación de un estatuto sobre el papel de los partidos políticos, para que sean ellos mismos instituciones que puedan ser objeto de financiación y de derechos que les faciliten el ejercicio de la oposición, la fiscalización, el acceso a la información y a los medios de comunicación del Estado.

Los partidos colombianos son organizaciones, que apenas tienen una expresión electoral. Con posterioridad a las votaciones, se desmovilizan y olvidan los compromisos adquiridos con los electores.

Debemos evitar que sigan siendo simples sumatorias de personas elegidas, sin mecanismos de disciplina interna, sin funcionarios permanentes, sin un programa que interprete los anhelos y esperanzas de los ciudadanos. Nuestros partidos deben ser capaces de acompañar al gobernante en la tarea de defender su gestión y de cumplir las propuestas formuladas durante la campaña, o de vigilar ese cumplimiento y hacer una verdadera fiscalización al Gobierno.

Un importante paso en esta dirección se dio en la última campaña. Bajo la conducción del ex presidente Julio César Turbay, el liberalismo pudo llevar a feliz término el proceso de la consulta popular. Esa experiencia enriqueció a la democracia y demostró que los electores quieren vincularse más de cerca a las decisiones de la organización política de sus simpatías.

Las funciones de alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas deben revisarse con el objeto de profundizar el proceso descentralizador.

Estoy plenamente convencido de la necesidad de llegar a una limitada noción de soberanía fiscal municipal y departamental. Estoy plenamente convencido de la necesidad de llegar a una limitada noción de soberanía fiscal municipal y departamental.

Es conveniente que algunos tributos sean establecidos en las regiones o en las ciudades, que sean cobrados por ellas y que allí sean tomadas las decisiones de inversión.

Hemos incluido en el temario que deberá estudiar el próximo año la Asamblea Constituyente, la revisión de los mecanismos constitucionales para permitir la expropiación por vía administrativa de bienes rurales y urbanos, para impulsar los programas de reforma agraria en las zonas donde los problemas de tierras originan violencia.

A lo largo de mi campaña presidencial expresé una y otra vez mi voluntad de que, además de cumplir con la norma constitucional de darle una participación al segundo partido en votos al del Presidente, llamaría a representantes de distintas fuerzas a colaborar en posiciones de responsabilidad política.

He procedido de tal manera a la integración de mi gabinete ministerial con un ejercicio absoluto del fuero presidencial en su composición y la selección de mis colaboradores. He llamado a participar a personas de las más altas calidades del Movimiento de Salvación Nacional, del Partido Social Conservador y de la Alianza Democrática M-19.

Lo he hecho así en la búsqueda de un nuevo clima político que nos permita apartar la pugnacidad que a veces prevalece en las relaciones entre sectores y partidos, en el ejercicio del poder y sus contrapesos. Quiero conseguir que en el debate en torno de los cambios institucionales se coloquen los intereses de la Nación por encima de los sectores o grupos.

Como públicamente lo he expresado, no pretendo conformar una coalición. La participación de otras fuerzas no condiciona la responsabilidad política de ninguno de los partidos o movimientos a los que pertenecen los ministros nombrados, más allá del desempeño de sus carteras. Confío en que encontraremos en el camino muchos puntos de convergencia en las políticas gubernamentales y en las reformas institucionales que estamos promoviendo.

No queremos regresar a los acuerdos políticos que obligaban al respaldo de la totalidad de las decisiones gubernamentales, o que significaban compromiso de silencio frente a los actos de la administración. Tampoco buscamos revivir acuerdos como los que implicaban un ejercicio excluyente del Gobierno y no dejaban espacio ni garantías a la oposición pacífica.

Yo pertenezco a aquella tendencia del liberalismo que encarnan las figuras de López Pumarejo, Gaitán, Echandía, el Movimiento Revolucionario Liberal y Luis Carlos Galán. Esa tendencia no concibe que lo fundamental en la política sea la búsqueda del consenso, ni el sacrificio de los principios en aras del entendimiento. Creo en los principios liberales del libre examen y el disentimiento y en que a la verdad se llega por procedimientos dialécticos.

Creo en la fiscalización y la crítica ejercidas de una manera sistemática por los partidos y no solo por los medios de comunicación, como el mejor servicio que se le puede prestar a la democracia.

Las responsabilidades que he asumido en nombre de mi partido me impiden preservar privilegios o defender instituciones que a pesar de su anclaje en la historia no sirven ya para enfrentar los problemas de la Nación.

Hemos dado un paso de histórico significado al avanzar en los acuerdos para establecer los procedimientos y materias de la reforma institucional. Estas fórmulas y propuestas deben dar lugar a un debate ideológico de amplio espectro.

Muy seguramente la decisión que originará más polémica es la designación de un miembro de la Alianza Democrática M-19 en el gabinete. Interpreto con ello la voluntad popular expresada en las elecciones del 27 de mayo y con ella reafirmo la capacidad de reconciliación y paz de los colombianos. Los miembros de ese grupo serán así verdaderos partícipes de la construcción de unas nuevas instituciones.

Hay que hacer de la crisis, no un callejón sin salida, sino una gran oportunidad para edificar, entre todos, el futuro de Colombia.

Pero el revolcón institucional, la voluntad de cambio, no se agota en las instituciones políticas. Mi responsabilidad, mi compromiso, es impedir que la juventud colombiana, llena de ilusiones y ganas de trabajar, se empantane y quede atrapada en el atraso y la injusticia. Transformaremos la economía e iniciaremos una verdadera revolución productiva.

Aunque hemos encarado con mayor fortuna los problemas de la deuda y somos el único país de América Latina donde el ingreso real de los trabajadores creció año a año en este último decenio, podemos hacer más.

Quiero señalar que la discusión que se da en otros países, industrializados o en vías de desarrollo, alrededor de si el tamaño del Estado asfixia el desenvolvimiento de la actividad privada y es la causa principal de gigantescos déficit fiscales, no es aquí tan relevante.

Somos una Nación en vigoroso proceso de poblamiento y colonización, con vastos sectores de la población en estado de indigencia. Esto hace necesaria la presencia del Estado para la prestación de servicios públicos esenciales en salud, educación, seguridad social, vivienda, nutrición, cultura, recreación y deporte.

El tema de la privatización tiene importancia en nuestro medio en lo que hace relación con algunos servicios ferroviarios y portuarios, en el sector financiero, en algunas empresas industriales y comerciales del Estado y en el sector de las telecomunicaciones que no se puede seguir desarrollando como un poderoso monopolio estatal. Ofrece posibilidades en la distribución de energía y en modalidades del servicio telefónico en algunas ciudades, iniciativa en la cual ayudaremos a los municipios que lo demanden.

Pero en lo fundamental, nuestra tarea tiene que estar encaminada a promover formas más eficaces de intervención estatal. Es la eficacia del Estado y no su tamaño lo que realmente importa para el cumplimiento de las funciones públicas.

Veamos por ejemplo el caso de la vivienda. Introduciendo modificaciones sustanciales a las instituciones del sector, estamos en condiciones de promover la construcción de cerca de medio millón de soluciones en los próximos cuatro años. Para ello va a ser necesario apoyar a los municipios en la adecuación y distribución de lotes con servicios a las familias de menores ingresos.

Adicionalmente será posible asistir financieramente a los colombianos de ingresos medios para que adquieran vivienda a través del sistema UPAC, en condiciones que no sean excesivamente gravosas para el presupuesto familiar.

La modernización de la economía hace necesario que se torne más flexible el régimen laboral para darle mayor competitividad a nuestros productores, para promover la inversión e incrementar la generación de empleo.

Usaremos mecanismos de concertación entre los trabajadores, los empresarios y el Estado y haremos una reforma integral al régimen laboral dirigida a levantar algunas de las barreras que se han ido creando, para modernizar así nuestro aparato productivo, aumentar el crecimiento y asegurar unas justas condiciones laborales.

La verdad es que muchas de las normas que ordenan las relaciones obrero-patronales se han convertido en un serio obstáculo para la actividad productiva y la generación de empleo. Esta situación no beneficia a nadie.

Es indispensable, por lo menos en el caso de los nuevos trabajadores, eliminar prácticas gravosas para las empresas tales como la retroactividad de la porción retirada de las cesantías, y atenuar las consecuencias de la llamada pensión-sanción.

Y debemos reformar también mecanismos cuya obsolescencia e inconveniencia son evidentes. En el caso de los servicios públicos, deberá abolirse la prohibición constitucional al derecho de huelga, y limitar esta prohibición a los esenciales.

Por otra parte, voy a proponer que hagamos más flexible el régimen laboral para trabajadores de tiempo parcial a fin de proteger a la mayoría de los colombianos que están hoy en el sector informal. Se pueden acordar medidas relativamente sencillas y al mismo tiempo de evidentes efectos benéficos sobre centenares de miles de personas. Tal sería el caso de un seguro de desempleo que se podría financiar con los intereses de las cesantías y del aumento de la licencia de maternidad a los parámetros de la OIT. Esa licencia se haría extensiva a las parejas en su conjunto a fin de que se puedan turnar el marido y la mujer en el cuidado del recién nacido.

En cuanto al sistema de pensiones, presentaremos al Congreso un proyecto de ley que cree un sistema complementario al del ISS, basado en fondos de pensiones que estimularían el ahorro y a los cuales podrían afiliarse aun los trabajadores independientes en forma voluntaria.

El servicio de salud es una responsabilidad del sector público, especialmente para los grupos de menores ingresos. Fomentaremos la descentralización de la administración de salud y una mayor participación del sector privado en la prestación de estos servicios, así como la creación de centros de salud administrados por las propias comunidades, recogiendo la experiencia del Instituto de Bienestar Familiar.

Insisto: como la búsqueda de la paz nacional, el fortalecimiento económico es indispensable para darle un nuevo impulso a la juventud. No es nuestra tarea salvar a la juventud, que, como dice Ana Milena, tiene siempre el vigor para salvarse sola: el desafío es crear las condiciones para que sea la juventud la que salve a Colombia.

Los jóvenes, las mujeres que aún requieren un apoyo del Gobierno para adquirir una verdadera igualdad en derechos, y la familia que hay que recuperar para la paz, recibirán en mi Gobierno una atención especial, coordinada y dirigida por una Consejería Presidencial.

Todas estas políticas en el plano interno resultarían insuficientes si no tenemos en cuenta el mundo en el que estamos viviendo, y en el cual los mismos vientos de la democracia y la libertad, están soplando en materia económica y comercial.

Por eso, debemos avanzar en un proceso de internacionalización de la economía colombiana. Este comprende la modificación al régimen de inversión extranjera, los estímulos a la inversión privada, la transformación de Proexpo en Banco de Exportaciones, las modificaciones al funcionamiento del Instituto de Comercio Exterior, la modernización del sistema de transporte terrestre y del sistema de puertos, la recuperación de la red ferroviaria, la reducción de las tarifas aéreas y marítimas.

Solo las naciones que exportan son capaces de superar sus crisis.

La apertura es eso: un proceso dinámico de modernización apoyado por el crecimiento de las exportaciones y destinado a garantizarnos un puesto en el mercado mundial. Exportar más, importar más, producir más, hacer más rica nuestra economía, y así generar más empleo. Este es el camino que recorrieron las naciones devastadas por la guerra y que son hoy potencias industriales.

Es un proceso que vamos a realizar de manera gradual. No aplicaremos el tratamiento de choque de otros países latinoamericanos porque no tenemos la crisis que allí ha impuesto situaciones de tal naturaleza. En segundo lugar, porque tal política, que trae efectos tan benéficos en el mediano plazo, puede tener, a corto plazo, consecuencias sobre el crecimiento y el empleo, que ni queremos ni se justifica asumir.

Reformaremos el Estatuto Cambiario que le ha brindado al país un marco que ha contribuido significativamente al desarrollo del comercio exterior y a la estabilidad cambiaria.

Abandonaremos así la pretensión hoy un poco utópica de controlarlo todo en este campo, ajena a la realidad de una economía que es ahora más grande, más diversificada y más sólida que aquella que fue objeto del estatuto vigente. Así lo impone el desarrollo de nuestro comercio exterior y el de los mercados financieros de bienes y servicios.

El proceso de internacionalización de la economía colombiana también nos exige enfocar nuestra política internacional de una manera más amplia y que tenga en cuenta nuestras prioridades económicas y comerciales. Colombia ha modificado su comportamiento internacional durante los últimos gobiernos, gracias a lo cual el país ha diversificado sus relaciones y ha ganado autonomía frente a los grandes poderes.

Mantendremos esta política, y defenderemos los principios esenciales de la convivencia pacífica: la libre determinación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, los instrumentos de solución pacífica de los conflictos y el pluralismo político en nuestro continente.

Igualmente, mantendremos nuestra participación en el Movimiento de Países No Alineados, en el entendimiento de que la reciente distensión en el conflicto Este-Oeste hace mucho más relevante el diálogo Norte-Sur.

El manejo de las relaciones exteriores de Colombia debe ajustarse a las nuevas realidades de la política internacional. Los objetivos a los que debe conducir nuestro proceso interno serán también los objetivos que buscará nuestra política exterior.

De la agenda de nuestra Cancillería harán parte el narcotráfico, los derechos humanos, la deuda externa, el comercio, el desarrollo económico, la internacionalización de la economía y la protección del medio ambiente.

Venezuela constituye uno de los ejes fundamentales de las relaciones exteriores de Colombia. Daremos total continuidad a la política que se deriva de los acuerdos que suscribieron el presidente Barco y el presidente Pérez, y que hasta el presente han producido excelentes resultados.

Presidente Carlos Andrés Pérez: el esfuerzo en los aspectos de la colaboración ha aproximado a nuestros pueblos y algún día, ojalá pronto, resolveremos nuestras diferencias según los procedimientos acordados por las dos naciones.

Continuaremos perteneciendo al Grupo de Rio, cuya utilidad ha sido incuestionable pero cuyo ajuste a las nuevas realidades de la política continental es necesario. Quiero reiterar mi convicción de que debemos crear un foro latinoamericano donde se traten de manera simultánea los asuntos políticos y económicos y que se constituya en interlocutor frente a los grandes actores de la política internacional. Así América Latina fortalecería su capacidad de negociación frente al resto del mundo mediante la unidad de criterios y de acciones conjuntas.

En lo que hace relación a Europa, confiamos en que la formación de un mercado único será una oportunidad y no un obstáculo para nuestras exportaciones. Igualmente esperamos que las instancias técnicas de la CEE confirmarán la decisión política del Consejo de Presidentes y jefes de Gobierno para permitir un mayor acceso de nuestros productos a ese mercado como contribución al esfuerzo que Colombia, Perú y Bolivia han realizado en la lucha contra el narcotráfico.

Quiero expresar nuestra preocupación por un tema de innegable importancia para la humanidad: la protección del medio ambiente. Nuestras reservas forestales en zonas como la Amazonia son el pulmón del mundo. Tomaremos las medidas para evitar un desastre ecológico de consecuencias nefastas sobre todo el planeta, pero no se nos puede exigir que incurramos sin contraprestación en elevados costos para reparar los daños hechos por las naciones industrializadas que tienen una deuda ecológica con la humanidad.

Esperamos preservar con Estados Unidos un diálogo de cooperación en los numerosos aspectos de nuestras relaciones. Sobre una base de respeto mutuo, nuestras naciones enfrentan el desafío de llevar al campo de la colaboración, y de las acciones conjuntas, temas cuya complejidad implica con frecuencia la existencia de posiciones divergentes.

No asumiremos la existencia de una armonía natural de intereses como guía para las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, pero en cambio pondremos una férrea voluntad para tratar amistosa y constructivamente, con realismo, todos los temas de nuestra agenda bilateral.

En el pasado los colombianos hemos encontrado severas barreras proteccionistas y, en algunos casos, injustificada discriminación contra nuestros productos.

Recientemente se han producido decisiones que remueven algunos obstáculos como lo era la objeción a nuestro ingreso al Código de Subsidios del GATT, aunque esta sea apenas una decisión provisional. El daño económico que se nos hizo con la terminación del Pacto Cafetero es irreparable.

Estamos, sin embargo, a la espera de los desarrollos que se derivan de la Declaración de Cartagena. No es ayuda económica directa, ni ayuda militar lo que reclamamos de manera primordial. Es un tratamiento justo. Es libre comercio.

Ojalá se pueda avanzar en la Iniciativa para las Américas del Presidente George Bush, que puede llegar a ser un giro histórico en las relaciones de Estados Unidos y América Latina. También estamos a la espera de la presentación del proyecto de ley anunciado por el Presidente Bush en materia de régimen especial y transitorio de preferencias para las exportaciones provenientes de Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador.

En dos años celebraremos el Quinto Centenario del Descubrimiento de América. Nuevas relaciones y una amistad sincera y profunda que supera los siglos, se han afianzado entre Colombia y España y la celebración de los 500 años fortalecerá nuestros vínculos.

Compatriotas: Hoy, como lo he hecho en tantas oportunidades en el último año, quiero invocar al Dios de Colombia.

Con su ayuda, iniciemos juntos esta larga marcha.

El triunfo de las ideas de renovación y cambio en el proceso electoral de este año es la primera piedra para la construcción del futuro. El resto de la obra está pendiente.

En ese proceso electoral, en esa dura y accidentada lucha, con millones de colombianos ganamos la batalla de las ideas. Es apenas el principio. Ahora nos toca ganar la batalla de las realizaciones.

Tenemos que demostrar que lo que soñamos es posible. Ese es nuestro desafío. Esa nuestra obligación con nosotros mismos, con nuestros hijos, con las futuras generaciones de colombianos. Todos tenemos el derecho de vivir en un país mejor.

En el amanecer de la nueva década, cuando por doquier en el mundo se derrumban muros y se abren las alamedas de la democracia y de la libertad, estamos obligados a pacificar y transformar a Colombia.

Ese es el tamaño de nuestro desafío.

Si lo asumimos con valor, optimismo y decisión, la posteridad no dirá mañana que fuimos inferiores a las responsabilidades que nos impuso nuestro tiempo. Dirá, en cambio, que el 7 de agosto de 1990 iniciamos una larga jornada de creación, de renovación y de trabajo. Dirá que ese día comenzamos a hacer realidad la revolución pacífica que los colombianos reclaman y necesitan.

Probablemente adolezca, pero no lo lamento, de cierta ingenuidad, también fundamental, que me exige exteriorizar mis afectos declarando ante propios y extraños que el nuevo Presidente ama al país y a sus gentes.

En la victoriosa noche del 11 de marzo, dije que lo importante del hombre que llega al poder es demostrar luego que merecía ejercerlo.

Es mi esperanza, mi compromiso, que en un día como hoy de 1994, cuando entregue a la persona que la democracia designe las responsabilidades que acabo de asumir, pueda hacerlo frente al afecto y respeto de ustedes los colombianos, porque merecía ejercer el poder que me otorgaron.

Compatriotas: Bienvenidos al futuro.